El jueves 3 de septiembre, el presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Habló de “vientos de cambio” favorables a la posición argentina, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, nuevas sanciones a empresas extranjeras que operan de forma irregular en el archipiélago y un proyecto de ley para “asegurar la soberanía nacional”. Puso especial énfasis en la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas, y llegó a comparar el eventual traspaso de las Malvinas con la devolución de Hong Kong por parte del Reino Unido a China en 1997.
La respuesta de Londres fue inmediata y sin matices. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que las islas “son británicas porque los habitantes eligen ser británicos” y que el discurso de Milei “dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas”. El canciller Ed Miliband habló del derecho de autodeterminación como algo “primordial” y “amparado por el derecho internacional”. Downing Street calificó su posición de “inquebrantable”.
Lo que casi nadie puso sobre la mesa en esa discusión es una pregunta incómoda: ¿qué pasa con los activos argentinos que hoy están, físicamente, bajo jurisdicción británica? Porque mientras el Gobierno endurece el tono con Londres, una porción significativa de las reservas de oro del Banco Central sigue —según la evidencia disponible— dentro del Reino Unido o en tránsito por su sistema financiero.
1. Lo que se sabe del envío del oro
En junio y julio de 2024, con apenas meses de gestión, el Banco Central —bajo la conducción de Santiago Bausili y con el respaldo del ministro de Economía Luis Caputo— trasladó lingotes de oro desde la bóveda de Reconquista 266 hacia el aeropuerto de Ezeiza, y de ahí, en vuelos de British Airways, hacia el Reino Unido. Hubo al menos tres envíos documentados: el 7 y el 28 de junio, y un tercero a mediados de agosto de ese año, este último por unos 250 millones de dólares en lingotes. Las estimaciones sobre el total movido varían, pero rondan entre el 60% de las reservas físicas de oro del país, unas 37 toneladas, sobre un total de reservas áureas cercano a los 4.900 millones de dólares.
Caputo defendió la operación en su momento con una frase que se volvió célebre: tener el oro inmovilizado en la bóveda del Central “es como tener un inmueble adentro que no podés usar para nada”. La explicación oficial fue que el traslado permitía usar el metal como colateral para obtener financiamiento o generar algún rendimiento —del orden de apenas 0,3% a 0,4% anual, según cálculos de exfuncionarios del BCRA—, y que las operaciones de “rebalanceo” no alteraban el volumen total de reservas.
Lo que nunca hubo fue transparencia sobre el destino exacto. En 2025, cuando la Auditoría General de la Nación pidió explicaciones formales, Bausili se negó a precisar el paradero del oro, amparándose en la confidencialidad habitual de la administración de reservas. Y en abril de 2026, en el marco de un litigio en tribunales británicos —vinculado al histórico reclamo por el cupón atado al PBI, no directamente a Malvinas—, los abogados que representan a la Argentina llegaron a advertirle a la Justicia inglesa que no había activos argentinos disponibles para embargar en Londres, lo que reabrió la incógnita sobre si el oro sigue ahí, fue trasladado al Banco de Pagos Internacionales en Basilea, o quedó depositado en la Reserva Federal de Nueva York. Este último destino, de hecho, se había descartado en 2024 precisamente para no exponer el metal a un eventual embargo derivado del litigio por YPF.
2. El precedente que nadie debería ignorar: Venezuela
Hay un antecedente que el propio mercado del oro conoce bien. Antes de la pandemia, el Banco de Inglaterra bloqueó el acceso de Venezuela a unas 31 toneladas de oro depositadas en sus bóvedas, en el marco del conflicto de reconocimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. El oro venezolano sigue, años después, atrapado en Londres.
Ese antecedente importa porque muestra que el Banco de Inglaterra —y la Justicia británica en general— tienen capacidad y disposición para congelar activos soberanos extranjeros cuando entra en juego una disputa política con el Reino Unido. No hace falta una guerra ni una ruptura de relaciones diplomáticas: alcanza con un conflicto de reconocimiento, de soberanía o de intereses que Londres considere relevante.
3. La contradicción estratégica
Aquí es donde la escalada discursiva de Milei se cruza con una vulnerabilidad concreta. En el propio Ministerio de Economía, según trascendió esta semana, crece la preocupación por que una eventual represalia británica —motivada por el endurecimiento del reclamo presidencial— pueda alcanzar activos argentinos alojados en territorio del Reino Unido, entre ellos el oro que el Banco Central movió al exterior hace dos años.
Es una paradoja poco común en la política exterior de cualquier país: escalar públicamente un diferendo de soberanía con una potencia, mientras una porción relevante de las reservas del banco central permanecen expuestas, física y jurídicamente, bajo el control de esa misma potencia. No es necesario que el Reino Unido llegue a un bloqueo formal como el de Venezuela para que el riesgo sea real: la sola incertidumbre sobre la disponibilidad de esos activos ya condiciona el margen de maniobra financiero del país en un momento de fragilidad cambiaria.
El instrumento que debería ser garantía de última instancia frente a una crisis —el oro de las reservas— quedó, por decisión propia, bajo la jurisdicción del país con el que hoy se libra la disputa diplomática más dura de la gestión.
4. Una historia que se repite
La relación financiera de Argentina con Londres no nació en 2024. El primer empréstito de la historia argentina —tomado por Bernardino Rivadavia en 1824 con la banca británica Baring Brothers, por un millón de libras esterlinas de los cuales casi nada llegó a destino— es apenas el primer capítulo de una relación marcada por la dependencia financiera del centro. Doscientos años después, la fórmula se repite con otro nombre: reservas que salen del país “para dar garantías y sacar rentabilidad”, terminan en instituciones controladas por el mismo actor con el que, en paralelo, se libra una disputa de soberanía.
No se trata de sugerir que el Gobierno actuó de mala fe al enviar el oro en 2024: la práctica de usar reservas áureas como colateral es común entre bancos centrales, y una parte de la city porteña la consideró en su momento una decisión técnicamente razonable para “activar” un activo ocioso. El problema no es la lógica financiera de la operación original, sino la falta de transparencia sobre su destino final y la ausencia de una lectura de riesgo político actualizada, dos años después, frente a un escenario que el propio Gobierno contribuyó a generar con su cambio de tono sobre Malvinas.
5. Qué mirar de acá en adelante
Tres variables van a definir si esto queda en un riesgo teórico o se convierte en un problema concreto:
- El curso de la escalada diplomática. Si el intercambio de declaraciones se mantiene en el plano retórico —como ocurrió hasta ahora, con respuestas “moderadas” del lado británico según reportaron corresponsales en Londres—, el riesgo de una medida efectiva contra activos argentinos sigue siendo bajo. Si en cambio se avanza hacia sanciones cruzadas, nuevas restricciones a empresas o gestos unilaterales (como el pedido de refuerzo militar en las islas que trascendió esta semana), la ecuación cambia.
- La ubicación real del oro. Mientras el propio Gobierno mantenga la política de no confirmar si el metal está en Londres, en Basilea o en Nueva York, el mercado y la oposición van a seguir especulando —y el margen para que trascienda información parcial, con impacto en la city, se mantiene abierto.
- El litigio del cupón PBI y otras causas abiertas en tribunales ingleses. La disputa por Malvinas no es el único frente judicial-financiero que la Argentina tiene con jurisdicción británica de por medio. Cualquier fallo adverso en esas causas puede convertirse en la vía de hecho para intentar avanzar sobre activos argentinos, más allá de lo que ocurra específicamente con las islas.
Cerrando el análisis
La política de shows mediáticos por Malvinas no es nueva en la Argentina: cada gobierno, con matices, la usó como recurso de cohesión interna, sobre todo en años electorales. Lo distintivo de este momento no es el reclamo en sí —que goza de consenso transversal en la sociedad argentina y de respaldo en el derecho internacional en cuanto al principio de integridad territorial— sino la combinación entre un discurso presidencial cada vez más confrontativo hacia Londres y una exposición financiera que el propio Estado generó, de manera opaca, hace apenas dos años.
Ningún país maneja su política exterior sin asumir riesgos. Pero hay una diferencia entre asumir un riesgo calculado y sostener, sin explicarlo públicamente, una vulnerabilidad que compromete justamente el instrumento pensado para dar seguridad ante una crisis. Si en las próximas semanas la escalada verbal con el Reino Unido sube un escalón más, la pregunta sobre dónde está exactamente el oro de los argentinos —y qué tan disponible sigue siendo— va a dejar de ser una curiosidad de especialistas en finanzas internacionales para convertirse en una discusión de primera plana.
Basado en información publicada por Ámbito Financiero, Infobae, La Nación, Perfil, Página/12, El Ágora Digital, Minuto Uno, Izquierda Web y Filo News entre 2024 y septiembre de 2026. Análisis y contexto: VALIA Consultora.